La actualidad del sector alimentario europeo ha estado marcado en las últimas semanas por el escándalo de los huevos contaminados con el insecticida fipronil. Ahora, los Gobiernos y las organizaciones agrarias se preparan para cifrar las pérdidas que va a causar esto de forma directa e indirecta en la industria.
No se han dado todavía cifras cerradas de las pérdidas, pero las organizaciones que han hecho los primeros estudios en Países Bajos y Bélgica, los dos países más afectados, suman ya más de 160 millones de euros.
En el caso delos Países Bajos, los comerciantes y agricultores estiman que la crisis, que ha provocado la destrucción de toneladas de producto y paralización de granjas, provocará unas pérdidas al sector de 150 millones.
Pero estas estimaciones contemplan hasta el momento únicamente el impacto de la paralización de 200 granjas y la destrucción de producto. El país es un mercado eminentemente exportador en el caso de los huevos y según Eurostat es el primer exportador de la UE. Las ventas fuera de Países Bajos alcanzaron el año pasado los 500 millones. Un escándalo de este tipo, en cuyo centro se encuentra una empresa local, puede afectar al futuro de las exportaciones del sector, suponiendo mayores pérdidas.
En el caso de Bélgica, solo la región flamenca, al norte del país, ha hecho sus estimaciones. Se calcula que se ha perdido en torno a 10 millones de euros con la crisis. Por su lado, las organizaciones agrarias de la región valona no ha fijado todavía la cifra, pero estima que serán también pérdidas millonarias. Bélgica es el quinto exportador de huevo de la UE, con en torno a 150 millones de euros el año pasado.
A estos cálculos se unirán los que realicen Alemania y Francia, países donde también se han detectado explotaciones con producto afectado por el fipronil.
En España, las autoridades han retirado dos partidas de huevo. La primera, hace 10 días, en Bizkaia, donde se destruyeron 20 toneladas de huevo líquido procedente de Francia. En la segunda, el pasado viernes, 50 kilos de huevo en polvo fueron retenidos en Cataluña procedentes de Países Bajos. Pese a estos casos, las aurtoridades sanitarias mantienen que no han llegado estos productos a la cadena alimentaria.
El escándalo no solo afectará a los huevos en sí, sino que tiene un impacto sobre el conjunto de la industria agroalimentaria, puesto que es un ingrediente utilizado en muchos productos. Un ejemplo de ello ha sido Francia, donde el viernes se anunció la retirada de gofres de marca blanca y que afectaron a cadenas como Carrefour, Leclerc o Leader Price.
Paralelamente a cuantificar las pérdidas, se abre también una vía judicial. La crisis alimentaria ha estallado en Europa tras un presunto fraude, puesto que en el inicio del escándalo se encuentra el uso del fipronil, un insecticida prohibido para su uso en la cadena alimentaria. Se trata de un producto que es nocivo para las personas si se consume en cantidades muy altas.
Bélgica ya ha anunciado que se presentará como acusación en la causa contra los supuestos responsables de esta crisis. En concreto, las investigaciones han señalado a la empresa holandesa Chickfriend, que había utilizado en sus corrales este producto prohibido en la UE para su uso en la cadena alimentaria. Dos de los directivos de dicha empresa permanecen detenidos desde la semana pasada. El Gobierno belga, que anunció que indemnizará a las empresas afectadas, pretende que sea la empresa la que costee estas indemnizaciones.
Tras la económica y la judicial está también la cara política de la gestión de la crisis. El estallido del escándalo coincidió con una tensión entre los Gobiernos de Bélgica y Holanda, con acusaciones cruzadas sobre el arranque de la alerta sanitaria. Finalmente, el ejecutivo holandés acabó reconociendo queel primer aviso lo recibió en noviembre, ocho meses antes.
Este hecho ha abierto una crisis política en Países Bajos que se ha cobrado la primera dimisión, la del secretario de Estado de Asuntos Económicos, Martijn Van Dam. Pese a que dejará el cargo, tendrá que acudir al parlamento a explicar su gestión, después de que todos los grupos de la oposición se hayan unido en su contra.
En otro de los países afectados, los gobiernos de algunos de los lander (Estados) han criticado la gestión del Gobierno federal. Es el caso de la Baja Sajonia, donde el Ejecutivo ha apuntado que la magnitud del escándalo podría ser tres veces mayor a la apuntada por el equipo de Angela Merkel.
En la agenda a nivel comunitario está marcado el 26 de septiembre como fecha clave por la reunión de alto nivel de la Comisión Europea, en la que se tratará la cuestión y algunos medios apuntan que se estudiarán posibles ayudas para las empresas afectadas. Hasta la fecha, el Ejecutivo comunitario únicamente ha intervenido para suavizar las discrepancias y acusaciones abiertas entreentre Bélgica y Holanda.
Los fuertes controles alejan de momento a los avicultores españoles del escándalo europeo de la contaminación con fipronil y el sector espera un aumento de la exportación.
Nadie quiere llamar al desastre y cantar victoria antes de tiempo. Pero España se ha librado por el momento de la crisis de los huevos contaminados con fipronil que ha azotado a producciones de 17 países de Europa. No se han distribuido desde este país productos afectados y solo se han retirado dos partidas llegadas del extranjero —una en País Vasco y otra en Cataluña— que no se llegaron a comercializar. Los huevos españoles están por ahora fuera de sospecha. ¿Por qué? Avicultores y expertos coinciden en que hay controles exhaustivos internos en cada explotación y la Administración, que verifican durante todo el año la calidad y seguridad de los productos.
Granjas Redondo (en El Barraco, Ávila) es un productor de huevos algo especial. Aquí las gallinas escuchan ópera. Con música y espacio sabe mejor el huevo, consideran. “Así se acostumbran a la voz humana y las aves no se estresan cuando entran los granjeros”, explica César Redondo, uno de los propietarios de la empresa. Al margen de los cuidados extra que quiera aplicar cada explotación (como escuchar a Pavarotti a todo volumen), la realidad es que la producción de huevos en España es un sector con rigurosas normativas y controles sanitarios.
En el caso de los huevos ecológicos, por ejemplo, las gallinas tienen que disponer de cuatro metros cuadrados por cada una. Y ya sean gallinas ecológicas, de campo, de gallinero o de jaula, la fiscalización del uso de antibióticos o pesticidas es continua. De los 1.065 millones de docenas de huevos producidos en España en 2015, tan solo el 0,028% eran camperos, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. “A veces resulta un fastidio tanto control, pero en situaciones como esta se agradece, porque nos deja fuera de toda duda”, reconoce Redondo.
Medicamentos con receta
En el sector se compara a la Administración con las gallinas cluecas. Estas son las aves que por instinto maternal se quedan en el nido todo el día para proteger los huevos, sean o no suyos. Es decir, las instituciones públicas ejercen un control constante sobre los productos alimenticios que sirve como protección, en esta ocasión para los huevos.
Entre los filtros que existen, el primero es una fiscalización de los medicamentos que se utilizan en las granjas. “Cualquier medicamento necesita de una receta veterinaria y que se compre a un proveedor autorizado”, explica Hernando Sánchez, veterinario especializado en seguridad alimentaria y control de calidad. Además, se realizan controles analíticos aleatorios a las explotaciones. Como mínimo uno al año, aunque pueden ser más. “Se hacen análisis internos periódicamente del producto, del pienso, del agua y de los animales”, asegura Sánchez.
Pese a todo, en la opinión pública influye la crisis de los huevos contaminados. Y no solo en los países afectados, al menos 17 hasta ahora. También en el resto, como España, que cuenta con más de un millar de granjas y 40 millones de gallinas ponedoras. “El consumo se va a retraer, siempre ocurre cuando hay una alerta así”, dice Redondo.
Pero la bajada del consumo interno se compensará con más compras del exterior. Al evitar de momento que los huevos españoles estén bajo sospecha, se espera un aumento de las exportaciones para paliar el descenso de la oferta por el bloqueo de al menos 138 explotaciones en cuatro países. De los más de 1.000 millones de docenas de huevos que produce España, más del 20% ya se vende en el extranjero. A esto habrá que añadir un encarecimiento del producto. Al bajar la oferta más de lo que lo hará la demanda, el incremento está asegurado. “Ya ha subido 10 céntimos en la compra al por mayor y esperamos que suba otros 20 céntimos al menos”, afirma Redondo. Esto supone un aumento del 35%, que repercutirá en el precio final.
Pesticidas controlados
La crisis ha surgido al detectarse partidas de huevos contaminados con fipronil, un pesticida prohibido para desinsectar las aves de corral, pero aprobado para gatos y perros. Se trata de un insecticida de amplio espectro que ataca el sistema nervioso central de los insectos. “Su uso está prohibido en animales que vayan a acabar en la cadena alimenticia”, destaca Sánchez, especialista en seguridad alimentaria y control de calidad. El consumo de un producto contaminado puede causar náuseas, dolores de cabeza y estómago, aunque solo si se consume en grandes cantidades. En casos graves (poco habituales y menos con cantidades tan bajas de contaminación), podría dañar el hígado, riñón y tiroides.
“En España tenemos una tranquilidad relativa de que no ocurra esto. Lo grave en Holanda es que circulaba un producto no permitido. Es importante localizar de dónde ha salido”, afirma Sánchez. Además, para que se haya dado la contaminación, se ha debido de limpiar las granjas con las aves en su interior.
El sector español, por esa parte, también respira tranquilo. En la limpieza de las granjas se evita el uso de este tipo de productos por el riesgo que conlleva. “Paralizar y tirar la producción diaria supone unos costes muy elevados. Lo mejor es limpiar a diario y no usar productos nocivos”, dice Redondo. La desinfección total, en la mayoría de la cabaña española, se realiza cada 18 y 24 meses, en el plazo en el que se cambian las gallinas ponedoras, para que no entren en contacto con este tipo de productos más fuertes que los usados en la limpieza diaria.
Italia detecta fipronil en dos explotaciones
El ministerio de Sanidad italiano, según EFE, informó ayer de que ha detectado dos casos de huevos contaminados con el pesticida fipronil tras analizar 114 muestras. Aseguró que el Gobierno ha procedido a realizar mayores verificaciones y estudia las medidas que adoptar. Roma no especifica el lugar de dónde proceden las muestras contaminadas o su origen. El comunicado oficial sí dice que los controles donde han encontrado las muestras positivas se realizaron la pasada semana sobre huevos, productos derivados y alimentos que lo contienen tanto de procedencia extranjera como nacional.
En las últimas semanas se detectaron huevos contaminados con fipronil en 17 países europeos, así como en Hong Kong. Italia ya aparecía en la lista de países que habían podido recibir huevos contaminados por este insecticida no permitido por la normativa sanitaria europea. El pasado jueves Francia retiró bollos y gofres de los supermercados procedentes de Holanda y Bélgica por tener huevo contaminado.
El precio en origen de la leche de vaca ha bajado en España un 0,64% en junio respecto al mes anterior, al pasar de 0,312 a 0,310 euros/litro. Cabe recordar que en mayo también bajó otros 0,32 euros/ litro respecto al mes anterior, al pasar de 0,313 a 0,312 euros/litro y que se empieza a encadenar varios meses de descensos.
Esta caída en el precio en origen de la leche de vaca choca con el optimismo de la Inlac, que considera que el sector lácteo español manifiesta “síntomas, en general bastante favorables”, para su recuperación, a excepción del bajo consumo interno de leche y derivados lácteos. En el otro lado, en Castilla y León el 41% del censo total del sector lácteo reconocen que no han incrementado su capacidad de producción debido a que la escasa o nula rentabilidad del sector en los últimos años, lo que les ha impedido acometer las inversiones necesarias para ello.
Así se refleja en el informe de Declaraciones Obligatorias del Sector Vacuno de Leche, publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el que detalla que Galicia sigue siendo la comunidad autónoma con el precio en origen más bajo (0,297 euros/litro), mientras que la cotización mayor correspondió nuevamente a Canarias, con 0,449 euros/litro.
El principal descenso se registró en Cataluña (-0,014 céntimos euros/litro) y la mayor subida en País Vasco, con +0,042 céntimos.
En junio pasado, se contabilizaban 14.979 ganaderos que realizaron entregas de leche de vaca a 324 compradores, con Galicia como la comunidad con el mayor número de ganaderos (8.305), seguida de Asturias (1.926) y Cantabria (1.297).
España produjo en dicho mes un total de 582,08 millones de kilos, y fue Galicia la mayor productora, con 221,03 millones de kilos.
POR EUROPA PRESS SEVILLA|01/08/2017Cree que la actividad agraria «puede y debe» contribuir a la prevención mediante la introducción del ganado para crear cortafuegos
La organización agraria COAG-A ha reclamado la reforestación de las zonas afectadas por los incendios forestales, para «restaurar el potencial dañado en zonas como el entorno del Parque de Doñana». «Se deben corregir los errores en la gestión del Espacio Natural que han facilitado la catástrofe, como haber permitido una excesiva concentración de pies por hectárea de monocultivo de pino o el abandono de las labores de mantenimiento», han expresado desde la organización.
En una nota, COAG-A ha recordado la importancia de la prevención para reducir el riesgo de incendios forestales, que «se han incrementado este año por la escasez de lluvias, la fuerza del viento y las altas temperaturas», según la coordinadora.
Por otro lado, ha aplaudido la labor del plan Infoca, pero ha recordado que la actividad agraria «puede y debe» contribuir a la mediante la introducción del ganado para la creación de cortafuegos y el buen mantenimiento del matorral mediante pastoreo controlado, además de los aprovechamientos forestales y trabajos silvícolas.
Asimismo, la organización agraria ha criticado la desaparición de la actividad humana desempeñada en los espacios naturales amparados por figuras de protección ambiental, «que lleva a crear ‘desiertos verdes’, es decir, bosques despoblados».
Por eso, ha defendido la declaración de espacios protegidos y ha reclamado «un mayor esfuerzo en hacer compatible esa protección con el mantenimiento de la actividad económica del medio rural», para «evitar caer en prohibiciones y restricciones excesivas que impiden actuaciones hacia actividades que han ayudado a conservar el buen estado de los montes, como la agricultura, la ganadería y la silvicultura».
EL PAPEL DE LAS ABEJAS
Por otro lado, la organización ha recordado que los asentamientos de colmenas se encuentran en el entorno del Parque de Doñana y que «también se vieron afectados por el incendio».
Como consecuencia, ha señalado que «los apicultores deben tener también un protagonismo a la hora de recuperar la zona dañada, pues la polinización de las abejas permitirá que la recuperación y reforestación sea más rápida y efectiva».
En España, humanos y animales consumieron 3.291 toneladas de sustancias activas antimicrobianas en 2014, que le sitúan como el país con mayor consumo de antibióticos en el conjunto de la Unión Europa, según recoge el informe conjunto de la Agencia Europa de Seguridad Alimentaria, la Agencia de Medicamentos Europa y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.
Junto con España, Italia, con 2.064 toneladas consumidas en total, Alemania con 1.593 y Francia con 1.479 se situaron como los mayores con mayor consumo, según recoge el informe, que cifra en 12.667 las toneladas consumidas en el conjunto de la UE.
En el polo opuesto, los países con el menor consumo global de antibióticos son Luxemburgo (apenas 7 toneladas), seguidos de Eslovaquia y Estonia (16 toneladas en cada caso) y Letonia (17).
España es el país con el mayor consumo de antimicrobianos en el sector ganadero en el conjunto de la UE, con 2.964 toneladas, seguido de Italia (1.432) y Alemania (1.306), mientras que en el caso del consumo humano España cae al cuerpo puesto con 377 toneladas consumidas en 2014, por detrás de Francia (717 toneladas), Italia (634) y Reino Unido (518).
Luxemburgo se consolida como el país con menor consumo de antibióticos tanto por parte de humanos (apenas cuatro toneladas) como por el sector ganadero (dos toneladas). Estonia (6) y Chipre (7) también se sitúan entre los países con un menor consumo humano de antibióticos y Eslovenia y Letonia (6 toneladas cada uno) en el caso del consumo por parte del sector ganadero.
El informe refleja que en la gran mayoría de los países el consumo es mayor o mucho mayor en el sector ganadores que el humano.
En términos generales, las penicilinas, macrolidos y las fluoroquinolonas son los tipos de antimicrobianos más consumidos en la medicina humana, aunque las penicilinas también se de las más consumidas en medicina veterinaria, junto con las tetraciclinas y los sulfonamidas.
También destaca el consumo de la polimixina en el sector veterinario, aunque su uso también está aumentando en hospitales para tratar infecciones resistentes a múltiples drogas, así como las cefalospirinas y las quinolonas de tercera y cuarta generación en personas.
El informe pone de relieve la asociación entre la resistencia a las quinolonas para tratar la salmonela o la campilobacteriosis en humanos con el uso de antibióticos en animales, mientras que el uso de las cefalospirinas de tercera y cuarta generación para tratar las infecciones provocadas por el E.coli y otras bacterias en humanos está asociado con la resistencia a estos antibióticos al E.coli en humanos.
Las conclusiones del informe sobre la relación entre el consumo de antibióticos y la resistencia antimicrobiana tanto en humanos como animales están en línea con el primero, que publicaron en 2015, aunque los expertos de las tres agencias recomiendan seguir investigando a fin de lograr un mejor entendimiento sobre cómo afectan el uso al otro.
El sindicato agrario denuncia que se vende la carne a 2,18 euros el kilo.
Otro capítulo en la sempiterna batalla entre productores de alimentos y gran distribución. En este, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha denunciado que los grandes distribuidores han puesto carne pollo a la venta a un precio, 2,18 euros por kilo, que no cubre el coste mínimo de explotación.
Pero esta denuncia apenas ha logrado que un grupo, Carrefour, aumente los precios, que los ha elevado hasta los 2,29 euros por kilo. La gran distribución supone casi el 70% de las ventas de pollo.
“No tiene ningún sentido”, señala Román Santalla, responsable ganadero del sindicato, “que esta situación de precios a la baja se produzca. Además, es en un momento en que se ha reducido la oferta en el sector como consecuencia de los calores y del cierre de granjas. Eso evidencia que con la distribución solo funciona su política y ni siquiera la ley de la oferta y la demanda”.
La falta de rentabilidad del sector ha llevado al cierre de granjas importantes, como las del grupo Sada. La decisión de esta corporación, que dejó de ser interproveedor de Mercadona, ha supuesto el sacrificio de medio millón de animales menos cada semana.
Diferencia con Francia
Los productores de carne de pollo no entienden cómo una carne producida con los mismos sistemas en España y en Francia tiene unos precios de venta al público tan diferentes. Mientras en España se comercializa a los 2,18 euros kilo, al norte de los Pirineos ese precio es de un euro más caro por kilo. El desajuste se repite en los precios de las marcas blancas de la leche, en ambos casos por la presión de los ganaderos.
La producción de carne de pollo en España asciende a 1,2 millones de toneladas procedente de unas 5.000 granjas. El sector ha estado sometido a un ajuste en los últimos años. Los costes de producción mínimos se estiman en 1,60 euros kilo canal que puesto el producto en destino, sin IVA.
Desde la organización sectorial se estima que esta política denunciada reiteradamente ante los organismos competentes de la Administración está provocando ruina y cierres de explotaciones y de las industrias continuando el desmantelamiento de sector. No se entiende que ante esta situación el Ministerio de Economía haga la vista gorda por su efecto positivo sobre el IPC, mientras se pone en peligro al sector.
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