La industria láctea cree que los contratos de un año restringuen la competitividad del sector.

Ha recurrido ante el Supremo para «mejorar algunos aspectos de la operativa de los contratos»

 

 

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) ha hecho una propuesta «de mejora» del Real Decreto 125/2015 ‘Paquete Lácteo’, ante «las dificultades prácticas que está presentando su aplicación tanto para ganaderos como para industrias» Para ello, además de trasladar su propuesta a la interprofesional láctea INLAC y al MAGRAMA, la Federación acordó presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo con «el objetivo de mejorar algunos aspectos de la operativa de los contratos lácteos». Con estas actuaciones, según señala en una nota, FeNIL busca beneficiar a toda la cadena de valor del sector.

      La Federación de Industrias Lácteas, pese al recurso y dejar claro que no quiere contratos de un año, sí aclara que el sector lácteo, y en especial las industrias asociadas a FeNIL, «ha sido pionero en la implantación de los contratos escritos entre industria y productores, convirtiéndose en el primer sector agroalimentario español en adoptar de forma generalizada los contratos escritos».

     En este sentido, FeNIL quiere reforzar «su compromiso inequívoco con los contratos escritos como forma de aportar transparencia y estabilidad a las relaciones en la cadena de valor».

Rechazan la «riguidez» del contrato de un año y defiende las «adendas de mutuo acuerdo»

     Sin embargo, para la industria, el nuevo RD «restringe, entre otras cuestiones administrativas, la flexibilidad para firmar contratos con duraciones inferiores a un año, aunque estos sean renovables». Además, hacen hincapié en que «prohíbe las adendas de mutuo acuerdo a futuro que permitan aprovechar las oportunidades y limitar los riesgos de situaciones de mercado no previstas en el momento de la firma».

     Como ejemplo del porqué de esta postura, recuerdan que España es el único Estado Miembro de la Unión Europea que aplica en la práctica la obligatoriedad de los contratos con una duración mínima de un año y sin ningún tipo de flexibilidad.

    Por ello, insisten en que «esta rigidez está afectando al dinamismo y confianza del sector, tan necesarios en estos momentos de apertura a los mercados. Actuar aisladamente y con normas diferentes en un contexto que se ha decidido sea global, comporta riesgos importantes para la competitividad de los productos lácteos españoles».

 

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